Reestructuración 2026

Una reestructuración actual se documentaría en capas paralelas que cierran de forma coordinada; pero hoy hay una capa adicional en el caso venezolano (la de sanciones) y, dentro de cada una, instrumentos bastante más complejos. Conviene además situar el momento: a esta fecha (septiembre 2026) el proceso sigue en fase preparatoria, no de canje lanzado. Venezuela anunció formalmente el inicio del proceso el 13 de mayo de 2026, designó a Centerview Partners como asesor financiero y fijó como próximo hito presentar el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de deuda.

1. Capa habilitante: sanciones / OFAC.

Cada paso —contratar asesores, negociar, transar, emitir deuda nueva, tratar con personas bloqueadas— requiere licencia. La contratación del asesor financiero se habilitó mediante la Licencia General N.° 58 de la OFAC en mayo de 2026; para las etapas siguientes serían necesarias licencias adicionales que autoricen expresamente la emisión y liquidación de los nuevos títulos. Sin ese andamiaje de licencias, ningún fiduciario, agente fiscal o comité puede siquiera sentarse a documentar.

1. Capa preparatoria y de negociación.

Comprende: el comunicado de inicio; el análisis de sostenibilidad de deuda (DSA) y el marco macroeconómico, que son el ancla analítica de las quitas —con la particularidad de que a diferencia de otras grandes reestructuraciones, el DSA no lleva la firma del FMI; las cartas de contratación (asesor financiero, asesores legales de Nueva York y venezolanos, agentes de información); la conformación de comités de acreedores —bonistas soberanos, bonistas de PDVSA, acreedores de arbitraje y litigio, y proveedores comerciales — con sus NDAs; y el term sheet o pliego de condiciones.

1. Capa transaccional / de ejecución (el canje propiamente dicho).

Es el equivalente moderno al paquete Brady, y su núcleo sería:

• Memorando de oferta de canje / invitación (offering memorandum): el documento bajo el cual se entregan los bonos viejos contra los nuevos.
• Solicitud de consentimientos y exit consents: para modificar o vaciar de cláusulas los bonos no aportados, apalancándose en las CAC existentes, de ser el caso particular (75 %/85 %, serie por serie) y en herramientas como “exit consents”, para reducir el atractivo de la estrategia holdout.
• Los nuevos instrumentos, emitidos bajo un fiscal agency agreement o un indenture con trustee, y seguramente con CAC agregadas para cerrar el problema de holdouts hacia adelante. El menú podría combinar nuevos bonos de la República y de PDVSA (hay quienes han sugerido agrupar la deuda en cabeza de la República), un bono por los intereses vencidos acumulados, e instrumentos contingentes (warrants) ligados al petróleo o al PIB, que la doctrina propone como pieza central para atar a los holdouts.
• Las cláusulas jurídicas: ley de Nueva York (y/o inglesa), sumisión a jurisdicción, renuncia a la inmunidad soberana, pari passu con la redacción "post-2016" que evita el problema tipo Argentina, y designación de trustee/agente fiscal, agente de pago, agente de canje y agente de información, con listado (probablemente, Euro MTF de Luxemburgo) y compensación (Euroclear/DTC).
• Tratamientos especiales que no caben en el canje general: los bonos PDVSA 2020 y su colateral sobre CITGO —hoy en subasta adjudicada y bajo apelación— tal vez requerirán un tratamiento singular; los laudos ICSID/arbitraje se documentan por acuerdos de transacción separados; y la deuda doméstica va por su propia vía y derecho local.

D) Capa de derecho público interno (autorización venezolana):

Es el punto donde una reestructuración actual es más difícil de documentar que el Brady. Bajo la LOAFSP, en principio no se requiere ley autorizatoria para las operaciones de refinanciamiento o reestructuración que reduzcan la tasa, amplíen el plazo o abaraten el costo en beneficio de la República; pero sobre esa base cómoda pesa la pregunta de si los nuevos instrumentos son contratos de interés público nacional (arts. 150, 151, 187 y 247 de la CRBV) y el fantasma de la sentencia 2241/2002.

"Instrumentos" es a propósito más amplio que "bonos", porque el paquete que se entrega en una reestructuración moderna suele combinar piezas que no son todas bonos de deuda ordinaria.

Desglosando lo que el término puede englobar. Hipoteticamente la restructuración puede incluir:

• Bonos nuevos propiamente dichos. Los títulos de deuda que sustituyen a los viejos (nuevos bonos de la República y/o de PDVSA) y, normalmente, un bono específico por los intereses vencidos (PDI) acumulados. Estos sí son bonos y se suelen documentar bajo el fiscal agency agreement o el indenture con trustee.
• Instrumentos contingentes de recuperación de valor (warrants ligados al petróleo o al PIB). Jurídicamente no son bonos. No prometen un flujo fijo de principal e intereses; pagan solo si se cumple una condición (precio del crudo, producción, crecimiento). Suelen emitirse como valores desmontables (detachable), con su propio warrant agreement / deed, y cotizar por separado.
• Componente de efectivo (un cash sweetener o pago parcial al cierre), si es el caso, que no es un instrumento emitido sino contraprestación en caja.
• Instrumentos de capital o derechos, si prospera alguna de las propuestas de canje deuda-por-capital o de derechos de desarrollo sobre petróleo, gas o minerales. Eso sería equity o derechos económicos, no deuda.
• Comisiones de consentimiento (consent fees) a quienes apoyan temprano.

La razón por la que la distinción importa es doble. Primero, documental: cada tipo va en un contrato distinto (los bonos bajo indenture/agente fiscal; los warrants bajo su propio deed; el capital bajo otra estructura societaria), de modo que "los nuevos instrumentos" no se agotan en un solo documento. Segundo: si parte de la contraprestación deja de ser un bono y pasa a ser capital o derechos sobre hidrocarburos, el análisis constitucional puede cambiar de intensidad.