Aspectos Fiscales de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026

La Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (en lo sucesivo, la “Reforma”) introduce modificaciones relevantes orientadas a atraer inversión privada nacional e internacional en el negocio aguas arriba.

Desde el punto de vista estrictamente fiscal, la Reforma redefine el Government Take aplicable a la actividad petrolera mediante un esquema más flexible, basado principalmente en: (i) la flexibilización del régimen de regalías; (ii) la creación del Impuesto Integral de Hidrocarburos (IIH); (iii) la posibilidad de reducción de la alícuota del 50% del Impuesto sobre la Renta para la industria petrolera; (iv) la exención de determinadas contribuciones parafiscales; y (v) la eliminación de las contribuciones asociadas a “precios exorbitantes” del crudo y del mecanismo que establecía un “piso” mínimo del 50% de participación estatal (“shadow tax”).

El esquema anterior (establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006) se caracterizaba por la acumulación de múltiples figuras impositivas y cargas adicionales que incrementaban de manera significativa la participación fiscal del Estado. La Reforma sustituye ese modelo por un régimen más concentrado y adaptable a la estructura económica de cada proyecto.

Desde el punto de vista estructural, la Reforma mantiene el esquema tradicional de Empresa Mixta Operadora (en lo sucesivo, “Empresa Mixta”) e incorpora nuevos modelos contractuales suscritos por empresas privadas domiciliadas en Venezuela con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales, incluyendo los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (en lo sucesivo, “CPPH”) desarrollados bajo la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (en lo sucesivo, “Ley Antibloqueo”). En este contexto, los principales ajustes fiscales introducidos por la Reforma se desarrollan a continuación.

I. Regalías.

La Reforma mantiene el límite máximo de 30%, pero elimina la rigidez del esquema anterior al permitir que el Ejecutivo determine la alícuota aplicable tomando en cuenta: (i) nivel de inversión requerido; (ii) infraestructura disponible; (iii) condiciones del campo; y (iv) viabilidad económica del proyecto.Este cambio introduce mayor flexibilidad y permite ajustar la carga fiscal a la estructura económica de cada proyecto.

II. Impuesto Integral de Hidrocarburos (IIH).

El IIH se configura como el principal tributo del sector petrolero bajo la Reforma.Se determina sobre los ingresos brutos mensuales, con una alícuota de hasta 15%, cuya fijación podrá considerar variables propias de cada proyecto.La Reforma establece que la declaración y el pago del IIH se realizarán conforme a los mecanismos y condiciones que determine el Ministerio competente, y prevé que podrá ser exigido por el Ejecutivo Nacional en dinero o en especie, total o parcialmente.

Desde el punto de vista técnico, el IIH introduce un componente parametrizable dentro del régimen fiscal, ya que su tasa puede fijarse atendiendo a las características económicas del proyecto.

Su creación viene acompañada de la eliminación de una cantidad significativa de impuestos del sector petrolero que existían bajo la normativa anterior, entre ellos el impuesto superficial, el impuesto de consumo propio, el impuesto de consumo general, el impuesto de extracción, el impuesto de registro de exportación y, principalmente, el impuesto a las ganancias extraordinarias o exorbitantes.

III. Incentivos y exenciones fiscales.

La Reforma también incorpora incentivos fiscales relevantes aplicables a las actividades primarias de hidrocarburos:

• Posibilidad de reducción de la tarifa del Impuesto sobre la Renta (actualmente hasta 50%) cuando sea necesario para preservar el equilibrio económico.
• Exención del Impuesto a los Grandes Patrimonios.
• Exenciones de contribuciones especiales como: Ciencia y Tecnología (LOCTI), Deporte, Antidrogas y Pensiones.
• No sujeción a compromisos de responsabilidad social ni a tributos estatales y municipales.

IV. Alcance del nuevo esquema fiscal.

La Reforma concentra y simplifica las principales cargas fiscales aplicables a la actividad petrolera, pero ello no implica que estas sean las únicas obligaciones tributarias que puedan incidir en un proyecto.

El sistema tributario venezolano continúa vigente, incluyendo la Ley de Impuesto sobre la Renta con una tarifa impositiva que puede llegar hasta 50% para las actividades de la industria petrolera. Si bien la Reforma abre la posibilidad de reducir dicha tarifa en el contexto de proyectos petroleros, la tributación general sigue siendo un elemento relevante en el análisis integral de la carga fiscal total.

Adicionalmente, la Reforma prevé la adaptación de las Empresas Mixtas y contratos vigentes, incluyendo los CPPH y demás modelos contractuales suscritos con fundamento en la Ley Antibloqueo, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor. Durante ese período, continúan aplicándose las condiciones contractuales vigentes. En consecuencia, las cláusulas contractuales que establecen el pago de regalías adicionales o mecanismos asociados a la participación estatal deberán analizarse para determinar su validez y alcance durante el proceso de adaptación contractual. Por ello, será fundamental hacer seguimiento a los criterios que adopte el Ejecutivo en el proceso de migración contractual, dado que la forma en que se instrumente esta transición incidirá directamente en la carga fiscal efectiva de cada proyecto.

V. Conclusión.

La Reforma simplifica el régimen fiscal aplicable a la actividad petrolera y lo orienta hacia un esquema más estructurado y adaptable a las particularidades de cada proyecto. No obstante, su efectividad dependerá en buena medida de la negociación técnica que se realice en cada caso concreto.

La Reforma simplifica el régimen fiscal aplicable a la actividad petrolera y lo orienta hacia un esquema más estructurado y adaptable a las particularidades de cada proyecto. No obstante, su efectividad dependerá en buena medida de la negociación técnica que se realice en cada caso concreto.

Asimismo, el período de 180 días previsto para la adecuación de las estructuras y contratos vigentes abre una ventana para revisar y optimizar los términos fiscales aplicables a los proyectos existentes. Este proceso podría permitir también una segmentación más estratégica de los desarrollos según provincias petroleras, estructuras de CAPEX/OPEX y condiciones operativas específicas, así como la armonización y el ajuste técnico de ciertos términos contractuales con miras a mejorar la competitividad del sector.

Este escenario genera incentivos para nuevas inversiones, el fortalecimiento de la industria local, la consolidación de alianzas estratégicas y la incorporación de nuevas tecnologías.

En este contexto, la claridad en los modelos financieros, la transparencia en la determinación y auditoría de costos, y la razonabilidad de los parámetros acordados serán elementos esenciales para que el nuevo esquema cumpla su propósito de atraer inversión bajo un marco fiscal sostenible y predecible.

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